Incorrección política
Más de cien mentiras que valen la pena

Volvamos la vista atrás…

El soplo de la Grecia clásica se respira en las sociedades contemporáneas en toda suerte de conceptos y costumbres. Muchos manuales se refieren a sus instituciones como la cuna de la civilización y a la filosofía platónica como el comienzo de la filosofía propiamente dicha; también en ella se rastrea la génesis del teatro, la música, la gimnasia o las ciencias, por no decir su destreza en arquitectura o escultura. En su organización social y su modo de concebir el mundo podemos reconocer algunos de nuestros emblemas más aclamados entre los que por supuesto hallamos las incuestionadas (y, parece ser que incuestionables) democracias contemporáneas o los Parlamentos cuyo germen puede perfilarse en las antiguas asambleas. Desde luego, de esta burda simplificación habría mucho que debatir, pero, grosso modo, parece ser comúnmente aceptado que Europa sería irreconocible sin la huella griega con la que posteriormente Roma forjaría un Imperio. 

De entre lo mucho que le debemos a esta civilización, hay un concepto que me parece sustancial traer a colación para el tema que hoy me gustaría tratar y es el de isegoria. Junto con isocracia (igualdad en el poder) e isonomia (igualdad ante la ley), isegoria vendría a sintetizar el derecho de los ciudadanos a disponer de la palabra en la asamblea, a expresar sus ideas políticas sin coacciones de ningún tipo o censuras. Este principio se estimaba de tal modo, que era preferible el exilio que continuar en Atenas despojado del mismo. La idea de ciudadanía simplemente era inentendible sin este derecho a expresarse libremente en la plaza pública; ser griego significaba que tus ideas debían poder ser debatidas y tenidas en cuenta. Como se advierte, la libertad de expresión era tomada muy en serio en Grecia y, a la vista de algunos momentos históricos nada memorables, podemos decir que en esto los griegos no eran estúpidos y sabían muy bien lo que se jugaba la sociedad en ausencia de palabra y/o libertad. 

Con luces y taquígrafos

El pasado 5 de noviembre, el BOE publicaba la Orden Ministerial en el que se detalla el Procedimiento de actuación contra la desinformación. ¡Por fin llegaba el esperado texto que, sólo con nombrarlo, había conseguido inflamar las tertulias televisivas, extremar los reproches en el Parlamento y animar las declaraciones más tendenciosas! ¡Ya estaba aquí el principio de la democracia y el Estado de derecho o el final de la despiadada jungla donde sólo buscamos engañarnos los unos a los otros! Sólo tocaba sentarse con una botella de champán o arsénico (según guste) y deleitarse con el inconfundible aroma de una Orden Ministerial recién salida del horno. Y así lo hice. 

He de confesar que en una primera hojeada me llevé una gran desilusión al descubrir que toda esa polvareda se había levantado con tan sólo ocho páginas del Boletín Oficial del Estado. Entiéndanme, una ignorante absoluta en leyes como yo, se esperaba que un tema tan importante para todos hubiera merecido un extenso preámbulo, un estudio detallado, una explicación de la casuística, del ámbito de aplicación o de los antecedentes en este tipo de materias, en definitiva, algo de sustancia. Me equivoqué, era un texto corto. Sea como fuere, no debía dejarme engañar por su longitud, no en vano las Leyes de Núremberg no contaban con más de diez artículos y ello no les priva de un ápice de obscenidad[1]. Así que comencé a leer.

Desde el primer momento, uno puede atisbar que la Orden intenta ataviarse de legitimidad aludiendo a las instituciones europeas que ven amenazados los procesos democráticos con el advenimiento de un nuevo fenómeno: las fake news. He de reconocer que es una maniobra muy utilizada pero efectiva, acudir a Europa siempre funciona. Evidentemente, no ignoro que la intromisión de terceros países en decisiones políticas de calibre como pueden ser los procesos electorales que deciden el sentido de las políticas, son un tema serio de seguridad nacional y, me imagino, que las agencias de inteligencia tienen una labor muy importante en este sentido, para lo cual se requiere una legislación acorde a los nuevos tiempos. No lo pongo en duda. Ahora bien, tengo la sensación de que al amparo de esta Orden Ministerial pueden llevarse acabo las más impúdicas violaciones a la libertad de expresión y eso también es un problema serio.

Veamos algunos fragmentos de la Orden que no debieran dejarnos indiferentes:

“(…) estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. 

Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre.

En primer lugar, tengo la sensación de que la mera posibilidad de interceder en el debate excluyendo del mismo ciertas opiniones bajo pretexto de su presunta falsedad es en sí mismo, no ya un peligro para la participación democrática que se dice defender, sino un ataque de facto a la misma debiendo incluso de dejar de llamarla “democrática”. Un filósofo de la ciencia tan memorable como fue Gastón Bachelard (2009) ya advertía muy astutamente que la verdad es “hija de la discusión y no de la simpatía” (p. 125). Curiosamente, si llevamos esto a sus últimas consecuencias, es precisamente después de un debate cargado de mentiras, medias verdades, fines interesados y espurios, conspiraciones, hechos, datos, argumentos, emociones, etc., que, quizá, remotamente, podamos atisbar algo así como la verdad. Ridículo sería, pues, pretender que antes de la prueba de fuego del debate público y abierto (o lo más abierto posible) uno sea depositario de lo que es cierto. Como mínimo, esta actitud es pretenciosa, sino tiránica, y exige una petición de principio. 

Otro punto que conmueve a cualquier persona con un mínimo de decencia es el siguiente:

“Las acciones y procesos recogidos en este procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido”.

Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre

Es un párrafo de una belleza incalculable, ¿quién no quiere mayor transparencia?, ¿más información sobre la desinformación? Parece todo muy cabal, muy respetuoso con nuestros derechos y libertades, muy beneficioso para el interés público. Seamos sinceros, este lenguaje bienintencionado hace sospechar a cualquiera, pero su poca vergüenza se torna grosera con ese añadido final que aparece casi sin querer: “además de evaluar su contenido”. Aquí empiezan a sucederse los interrogantes: ¿quién va a evaluar ese contenido?, ¿en base a qué criterios?, ¿en aras de qué propósito? Obviamente, sobre eso nada se dice. 

Si afirmar que una información es verdadera o falsa me parece de por sí un disparate, pues habría que hablar de los criterios que se hallan detrás de esa apreciación y ver si los procesos de estimación no están de por sí viciados, el término “evaluar” es tan abierto como se quiera. ¿Quién nos asegura que al amparo de esta Orden ya no sólo se vaya a determinar la verdad y falsedad de las informaciones, lo cual de por sí es grave, sino su conveniencia para los fines de quien ejerce el poder, por ejemplo?, ¿tan raro nos parecería que estas buenas gentes que nos gobiernan utilizasen términos tan ambiguos para justificar acciones que les perpetúen en sus cargos? Si hemos visto a un falso cura pistola en mano en casa de Bárcenas y prejubilaciones a personas que no habían pisado empresa alguna para seguir ganando elecciones, ¿cómo nos puede ahora sorprender que un político sea capaz de llevar una Orden Ministerial un poco más allá de lo aparentemente razonable y tratar de censurar opiniones divergentes por el bien del país/nación[2]?

Pero aquí no acaba todo. Esta pantomima de por sí valleinclanesca desmerecería todo su desatino si no contase con la participación entusiasta y casi fervorosa de la sociedad: 

“Los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital, entre otras”.

Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre.

¡Mira tú qué bien!, ¿no quieres caldo?, ¡pues toma dos tazas! No basta con que nuestros derechos sean peligrosamente puestos en cuestión, que una de las bases de la democracia desde la Grecia Clásica sea públicamente vilipendiada, sino que, además, se pretende hacer con la convivencia y participación de todos nosotros. Desde luego, el ingenio de este Gobierno no tiene límites. Quizá se les haya ido un poco la mano con la poca vergüenza por eso de la alevosía y premeditación, pero he de reconocer que están en su salsa y que, visto lo visto, nos lo tenemos más que merecido. 

Más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las venas

¿Hasta dónde llegará esta ley? No lo sé, el problema es que puede llegar hasta donde se desee. Una medida como ésta ha hecho de John Stuart Mill un pensador de primerísima actualidad, releer hoy su obra no deja a uno indiferente: 

“Por positiva que pueda ser la persuasión de una persona no sólo de la falsedad, sino de las consecuencias perniciosas de una opinión —y no sólo de estas consecuencias perniciosas sino para adoptar expresiones que terminantemente condeno de su inmoralidad e impiedad—, si a consecuencia de este juicio privado, aunque este apoyado por el juicio público de su país o de sus contemporáneos, prohíbe que esa opinión sea oída en su defensa afirma quien tal haga su propia infalibilidad y esta presunción, lejos de ser menos reprensible o peligrosa, por tratarse de una opinión que se llama inmoral e impía es más fatal en este caso que en cualquier otro.

Mill, John Stuart, 2013, p. 101.

Suponiendo que las intenciones de estas medidas sean del todo bienintencionadas y pretendan ayudar a sanear el debate democrático, hay un actor que, si bien ha sido interpelado, aún no ha entrado a escena: la ciudadanía. Después de todo, no habría creadores de noticias falsas si no hubiera lectores de noticias falsas y me parece que está ahí la cuestión de fondo. El Gobierno con sus mejores intenciones viene a protegernos de un mal que ha adquirido dimensiones insospechadas, pero no olvidemos que somos nosotros los que nos emborrachamos de noticias infundadas, conspiranoicas e imprecisas. Las consumimos con gracia y brío, nos las creemos, las vociferamos y compartimos. Nos encanta. La mayoría simplemente vienen a confirmar nuestras más inverosímiles ideas y a cimentar una visión del mundo que ya sosteníamos, otras simplemente le añaden un poquito más de interés a esa concepción, pero, eso sí, nos encanta que la información fluya rápido, llegue a nuestros pulmones y contamine cada una de nuestras células. Como diría el teniente coronel Bill Kilgore: “me encanta el olor de fake news por la mañana. Huele a victoria”.

En este sentido, no tenemos remedio. Menos mal que contamos con las instituciones gubernamentales para hacernos el trabajo que nos negamos a hacer: pensar. Por fin se acabó ese horrible sentimiento que nos impele a cuestionar aquello que leemos, a preguntarnos el sentido de las palabras y los intereses a los que sirven los medios que las publican. Menos mal que ya no tendremos la tentación de pecar y caer de vez en cuando en el peligroso estanque de la pluralidad informativa de internet (único medio que había estado al margen de la legislación, por ahora). Gracias a Dios que llegó el día de los canales de YouTube censurados, las cuentas de Twitter y Facebook bloqueadas y los Blogs cerrados. Menos mal que las instituciones guardan por nosotros, pecadores, que sólo perseguimos la desinhibición y distracción sin responsabilidad ni culpa. Ahora todo será rigurosamente cierto, políticamente correcto, acertado, empático, sonriente y feliz. 

Quizá sea pedir mucho, pero ya que amablemente nos han expropiado esas más de cien mentiras para no cortarse de un tajo las venas y, en vista de que se van a hacer de oro con el impuesto de sucesiones, espero que no sea mucho pedir que, junto al de las mascarillas, supriman también el IVA de las cuchillas, machetes y otros instrumentos afilados. Gracias y feliz año. 

Bibliografía

Bachelard, Gaston. 2009. La filosofía del no. Ensayo de una filosofía del nuevo espíritu científico. 2ª edición. Buenos Aires: Amorrortu.

España. Orden Ministerial PCM/1030/2020, de 30 de octubre [Internet]. Boletín Oficial del Estado, 5 de noviembre de 2020, núm. 292, pp. 96673 a 96680. [consultado 20 de noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/10/30/pcm1030/dof/spa/pdf

Stuart Mill, John. 2013. Sobre la libertad. 3ª edición. Madrid: Alianza.


[1] No me hago responsable de aquel que vea aquí una equiparación por mi parte entre ambas leyes, cualquiera tiene derecho a pensar tan falazmente como quiera.

[2] Ya sabemos cómo se ponen de exquisitos los partidos hoy día con los términos.

No dejemos que piensen por nosotros. Sapere aude!

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