La irrupción de Alvise en el Parlamento Europeo ha desencadenado un terremoto político y social digno de las más inverosímiles tramas distópicas. Con el inesperado respaldo de 800.763 votantes en España, este pseudo-periodista, un maestro de la falacia y el embuste, ha logrado lo impensable: tres escaños en una de las instituciones más cruciales del continente. La sorpresa y el escándalo han asolado la opinión pública como una tormenta en un día claro. Sin embargo, creo que la auténtica amenaza no radica en la figura de Alvise, sino en las medidas que el Gobierno se propone implementar para contrarrestar fenómenos como éste, medidas que podrían asestar un golpe mortal a la libertad de los medios de comunicación.
No se discute la necesidad de implementar la normativa europea sobre medios de comunicación en España. Pero las propuestas actuales confieren al Poder Ejecutivo una influencia desmesurada sobre un contrapoder esencial en nuestra democracia[1], un desliz autoritario que pone en peligro el principio de Isegoría[2], ese noble pilar que garantiza el derecho a la libre palabra en la plaza pública, convirtiendo la voz del ciudadano en un murmullo apenas audible frente al estruendo del poder.
Señores, nos encontramos ante una ironía suprema: las mismas autoridades que nos bombardean con propaganda emocional y denigrante, se presentan ahora como los supuestos guardianes de la verdad y la honestidad. En medio de ecos de Orwell y Huxley, los lobos disfrazados de pastores nos conducen por caminos de censura y silencio, intentando convencernos de que es por nuestro propio bien.
Pero, como de costumbre, me temo que la realidad es más cruda: prohibir o limitar el acceso a ciertas informaciones no nos protegerá; al contrario, empujará a la ciudadanía hacia fuentes menos confiables y más radicalizadas. La solución no está en adoptar medidas restrictivas que socaven la Isegoría y la libertad de los medios, sino en impulsar iniciativas que promuevan el pensamiento crítico desde las aulas hasta la plaza pública. Como Platón defendía en “La República”, una sociedad justa debe nutrirse de ciudadanos educados y críticos, no de autómatas que acaten sin pensar.
Por ello insisto en que es esencial devolver la filosofía y el pensamiento crítico a la educación, fomentar debates y discusiones en la polis, y crear espacios donde las ideas puedan ser confrontadas y examinadas desde diversas perspectivas. Las aulas deben convertirse en templos del libre pensamiento, no en fábricas de conformismo. Sólo una sociedad ilustrada y reflexiva puede resistir la seducción de los mensajes populistas y falaces.
La emergencia de Alvise no es sino un síntoma más de una patología más profunda que no dejaré de señalar en este espacio: la falta de pensamiento crítico. En lugar de silenciar los síntomas, debemos atacar la raíz del problema fomentando una sociedad más educada y analítica. La libertad de expresión y una ciudadanía pensante son los cimientos de una democracia sana, y debemos defenderlos con todas nuestras fuerzas.
Queridos lectores, las medidas del Gobierno, incluso si fuesen bien intencionadas (habrá quien lo dude y habrá quien no), son peligrosas y contraproducentes. La verdadera solución reside en promover el pensamiento crítico y la educación racional, de manera que podamos discernir y resistir los cantos de sirena de los falsos profetas. Recordemos que la libertad de expresión y una sociedad reflexiva son los pilares sobre los cuales se sostiene la democracia. Defendámoslos con la convicción y determinación que merecen. Así pues, una vez más: Sapere aude!
[1] La nueva Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, que entrará en vigor en agosto de 2025, incluye medidas destinadas a garantizar la transparencia y la independencia editorial. Entre sus disposiciones, obliga a los medios a revelar la identidad de sus propietarios y detallar la publicidad estatal recibida. Además, se establece la obligación de proteger la independencia editorial y la pluralidad informativa, asegurando que los estados miembros no interfieran en las políticas y decisiones editoriales de los medios de comunicación. No obstante, la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha lanzado duras críticas contra esta ley. Señalan que, bajo pretextos como la “seguridad nacional” o “razones imperiosas de interés general”, se permite el espionaje y la vigilancia de periodistas, sus familiares y redacciones. Esta vigilancia puede incluir la instalación de software espía si el periodista se niega a revelar sus fuentes, lo cual socava la confidencialidad y la protección de las fuentes, pilares fundamentales del periodismo libre.
cfr. Iberley. (2024). Reglamento 2024/1083 de 11 de Abr DOUE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación). Recuperado de https://www.iberley.es/legislacion/reglamento-2024-1083-11-abr-doue-reglamento-europeo-sobre-libertad-medios-comunicacion-27258236.
Calleja, J. (2024, 8 de mayo). Así es la ley europea que obliga a los medios a revelar quiénes son sus dueños y la publicidad estatal recibida. Newtral. Recuperado de https://www.newtral.es/ley-de-medioseuropea/20240508/.
[2] Isegoría, un ideal de la antigua Grecia, proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos para alzar su voz en la asamblea pública, sin importar el contenido de su discurso. En el corazón de la democracia ateniense, esta libertad aseguraba que cada opinión, sin distinción de estatus o riqueza, pudiera resonar en los debates políticos, un ejemplo de la igualdad y la libre expresión en su forma más pura.